Lechuga aparece con una botella en la
Procuraduría y una empresa vinculada a él con beneficios por 72 millones de
pesos.
El comunicador estaba en nómina en la Procuraduría con 75 mil pesos mensuales como coordinador de Coordinación Nacional del Nuevo Modelo Penitenciario, “salario que recibía, pero función que nunca desempeñó”, según el Ministerio Público.
Mientras que la empresa a la que la
Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa
(Pepca) señala como beneficiaria 72 millones de pesos a través de procesos de
compra fraccionadas, fue fundado por Cordero Báez, quien, según el Ministerio
Público, cobraba sin trabajar.
En el caso además están implicados
Miguel José Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano
Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan
Josel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado.
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